La Generalitat conoce desde hace un año las presuntas irregularidades en la adjudicación, por parte de la Agencia Catalana del Agua (ACA), de un contrato por 7,6 millones de euros. No fue hasta la semana pasada, sin embargo, cuando el Gobierno decidió poner esas anomalías en conocimiento de la fiscalía, que en los próximos días abrirá una investigación para aclarar los hechos, explicaron ayer fuentes judiciales.
El 14 de junio de 2013, la Intervención General —un organismo fiscalizador de la Generalitat— emitió un informe en el que mencionaba numerosas irregularidades en el proceso de adjudicación de unos estudios para la gestión de las cuencas fluviales. El organismo consideraba, ya entonces, que “los hechos expuestos se podrían encontrar en un supuesto de responsabilidad”, según otro informe más reciente y elaborado por la Sindicatura de Cuentas.
La semana pasada, el Gobierno catalán “puso en conocimiento” de la Fiscalía Superior de Cataluña el citado informe de la Intervención General y las alegaciones planteadas tanto por la ACA como por el Departamento de Territorio. El ministerio público investigará si hay indicios de delito —malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias— en el proceso.
El contrato bajo sospecha lo adjudicó el Gobierno tripartito —PSC, Esquerra e Iniciativa— en enero de 2008. La ACA, dirigida entonces por Manuel Hernández, adjudicó los trabajos a una Unión Temporal de Empresas (UTE) representada por Joan Lluís Quer, administrador de una de las empresas ganadoras, Auding. Se da la circunstancia de que, años antes de lograr ese contrato —entre 2000 y 2004, durante el último Gobierno de Jordi Pujol—, Quer había ejercido como gerente de la agencia, avanzó ayer El Periódico. Después de un largo periodo en la empresa privada, y tras la llegada de Artur Mas al Gobierno, Quer fue repescado para el sector público y ahora ejerce como presidente de Infraestructuras de la Generalitat.
El pasado miércoles, la Sindicatura de Cuentas hizo público un informe que ratifica las irregularidades y que se sumará, el lunes, al material que obra en poder de la fiscalía. La ACA, recogen sus conclusiones, adjudicó un contrato principal por 3,7 millones y autorizó, más tarde, otros 38 expedientes complementarios por 3,9 millones más. “Los documentos acreditan que hubo reuniones de coordinación” entre personal de la ACA y la UTE ganadora “en fechas anteriores a la fecha de aprobación de los pliegos” y al inicio de la licitación, señala el informe. La Sindicatura lamenta que alrededor del 80% de los criterios de selección “dependen de juicios de valor” y no son objetivos. Y pone el acento en los contratos complementarios, que pecan de “falta de concreción” y en algunos casos no están justificados. Muchas de esas ofertas, además, se firmaron en un solo día. La Sindicatura cree que se incumplieron “los principios de publicidad, concurrencia e igualdad de trato” que rigen en la Administración y concluye que las irregularidades “podrían dar lugar a hechos perseguibles administrativa y judicialmente”.
Desde el Departamento de Economía, del que depende la empresa pública Infraestructuras.cat —la antigua Gisa—, una portavoz aseguró ayer que mantiene “la confianza en Quer” después de haber concluido un procedimiento interno para dirimir qué sucedió. Subrayó que Quer no incurrió en incompatibilidades por su anterior cargo en la Generalitat cuando ganó el concurso desde la iniciativa privada y defendió que, en todo caso, “puede haber una mala praxis de la ACA” en los pliegos del concurso, pero no del presidente de Infraestructuras. Fuentes consultadas apuntaron, no obstante, la preocupación que ha generado en el alto cargo la apertura de la investigación por parte de la Intervención General y la Sindicatura de Comptes.
El órgano de control económico y financiero de la Agencia Catalana del Agua es el que inició todo el proceso que ahora ha llegado a la Fiscalía. El gerente del ente, según relata la Sindicatura en su informe, incoó un expediente de información previa para determinar posibles irregularidades en la contratación y la ejecución de algunos contratos. La licitación se estructuraba en un primer contrato, pero abría la puerta a crear otros 38 contratos por tareas complementarias, que finalmente ascendieron a una cifra superior al contrato inicial.
Cuando la UTE reclamó a la ACA que recepcionara sus trabajos para rescatar la garantía y cobrar el 5% de la factura que le faltaba, la ACA detectó esas posibles irregularidades en dos informes. El organismo de la Generalitat había pagado por uno 200.000 euros y, en cambio, este trabajo solo constaba de unas tres páginas de explicación acompañada por fotocopias de fichas elaboradas previamente por la Agencia del Agua de instalaciones hidráulicas. El tema, además, tenía poco que ver con el título. Preguntados los responsables de la UTE encargada del trabajo, esta explicó que ese alto coste compensaba otros trabajos que se habían contratado por menos dinero.
Fuentes próximas al ACA dijeron ayer que la subcontratación del plan de gestión se explicaba porque era la primera vez que se abordaba un proyecto similar.
pacoredondo 