El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) elaborará un protocolo para evitar los cortes en el suministro de agua en los casos de pobreza energética y establecerá, para los colectivos en situación de riesgo social, una rebaja del 14% del recibo, tras aprobar una revisión al alza de las tarifas.
El Consejo del AMB ha aprobado este miércoles un aumento del 8,5% de media de las tarifas de suministro del agua en los 23 municipios metropolitanos a partir del 1 de enero de 2014.
A partir de ahora, los consumidores quedarán clasificados en cinco segmentos en función de su consumo total, siendo el aumento mayor cuanto mayor sea el consumo, de forma que el usuario medio pasará a pagar 0,80 euros más al mes, un incremento del 5,6% de media.
El incremento de las tarifas del agua ha contado con el voto a favor del PSC y de CiU, mientras que ERC y Junts pel Papiol se han abstenido y PP e ICV-EUiA han votado en contra por considerarlo «abusivo».
Según el AMB, el incremento de las tarifas está motivado por el aumento del precio del agua de Aigües Ter Llobregat (ATLL) tras su privatización y del canon de la Agencia Catalana del Agua (ACA), el encarecimiento de los gastos de explotación de las empresas distribuidoras y la aplicación de los incrementos de la inflación de 2012 y 2013.
A parte del incremento de tarifas, el Consejo del AMB ha aprobado la creación de una base de datos de familias en situación de riesgo social para evitar cortes de suministro a usuarios que no puedan hacer frente al pago del recibo.
La rebaja del 14% será para jubilados que perciban una pensión mínima, personas con discapacidad y para familias con todos los miembros en situación de paro, lo que beneficiará a entre 15.000 y 20.000 usuarios.
También se amplía el concepto de familia numerosa a unidades formadas por cuatro personas, desde las cinco que se consideraban hasta ahora, quienes también podrán beneficiarse de bonificaciones en el recibo del agua.
La vicepresidenta de Medio Ambiente del AMB, Assumpta Escarp, ha explicado que la estructura tarifaria «incorpora la tarifa social y, en lugar de subsidiar algunas aportaciones cuando alguien no puede pagar la tarifa, se trabaja en garantizar el derecho universal al agua y en establecer un protocolo que evite cortes de agua en casos de pobreza energética».
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