Archivo mensual: junio 2017

Caso Renace. Alta Verapaz Guatemala.

Más de 29.000 indígenas quekchí en Alta Verapaz (Guatemala) están en peligro por la construcción del complejo hidroeléctrico Renace, a manos de la empresa española Cobra (Grupo ACS), propiedad de Florentino Pérez. Cada día que pasa ven como el río Cahabón, del que viven, está perdiendo su caudal a causa de este proyecto cuyo propietario es el grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI). Tras una amplia investigación que ha durado dos años, Alianza por la Solidaridad desvela los graves impactos en el medioambiente y las vulneraciones contra las comunidades que viven en las orillas del río, así como la criminalización de los opositores al proyecto.

Misión: agua para todos

http://elpais.com/elpais/2016/11/29/planeta_futuro/1480456918_252533.html

Los barceloneses ponen un 6 a la calidad del agua

Según una encuesta encargada por Agbar, la municipalización del servicio no está entre las demandas ciudadanas al Ayuntamiento.

La compañía Agbar ha pulsado la opinión de los barceloneses sobre diferentes aspectos del funcionamiento de la ciudad y, muy en particular, del servicio de suministro de agua. Un sondeo realizado por Time Consultants (800 entrevistas telefónicas entre los días 5 y 13 de abril) revela que la calidad del agua en la capital catalana merece, según sus consumidores, una nota media de 6 sobre 10 (el 46,1% de los entrevistados le otorgan un notable o un sobresaliente y un 22,3% un suspenso). Las mejores puntuaciones del agua se dan en los distritos de Nou Barris (7,3) y Gràcia (7,1) y la peor en Les Corts (5,2). Por lo que respecta a los suministros básicos, el grado de satisfacción de los barceloneses se traduce en una nota de 7,4 para el gas; 7,2 para el agua y 6,6 para la electricidad. El precio de estos servicios básicos es, en todos los casos y con mucha diferencia, el ­prin­cipal motivo de queja de los usuarios (81,4% en la electricidad, 75,5% en el agua y 73,7% en el gas.)

La encuesta encargada por Aguas de Barcelona sitúa el exceso de turismo y las molestias que ocasiona en primer lugar de la lista de problemas de la ciudad. Un 17% de los entrevistados colocan la masificación turística en lo más alto de un ranking en el que vienen a continuación el tráfico (16,4%), la inseguridad ciudadana (15,5%), la contaminación (13,6%), la suciedad de las calles (12,1%), el paro (10,9%), el transporte público (9%) y la escasez y el precio de la vivienda (5,8%). El agua (suministro, calidad y sabor) sólo aparece, según este sondeo de Agbar, en el lugar número 38 de esta lista (0,1%). Asimismo, la limpieza de las calles, la mejora de los servicios de salud y el aumento de la seguridad son las principales demandas de los ciudadanos a su Ayuntamiento, cuya gestión es calificada como regular por el 46% de los entrevistados, deja muy o bastante satisfechos al 32,9% y poco o nada satisfechos al 19,4%.

En la lista de competencias que los barceloneses atribuyen al Ayuntamiento figuran, por este orden, el transporte público, la limpieza de las calles, los servicios sociales, la recogida de basuras y la Guardia Urbana. Para encontrar el servicio de agua hay que bajar hasta el lugar número 23 de las menciones espontáneas de los entrevistados y sólo un 0,6% considera que el suministro de aguas debería ser una competencia municipal.

Ante la posibilidad de que se planteara la gestión privada de algunos servicios públicos que ahora presta el Ayuntamiento –una opción que el actual gobierno de la ciudad no se plantea, sino más bien todo lo contrario– un 40,6% de los encuestados cree que la privatización no estaría justificada en ningún caso, tanto si supusiera una mejora del servicio como un ahorro sustancial de su coste. En lo que se refiere concretamente al servicio de suministro de agua, un 73,3% de los entrevistados manifiesta que no debería hacerse cargo de él un prestador distinto del actual prestador, y uno de cada cuatro barceloneses (el 26,8%) sí considera la necesidad de un cambio. Las únicas diferencias significativas por segmentos se observan en función del voto declarado por los entrevistados. Los mayores porcentajes de partidarios de un cambio de gestión del suministro de agua se dan entre los votantes de ERC (42,6%), la CUP (42,1%) y BComú (38,9%), aunque en todos los casos es mayor el porcentaje de personas partidarias de dejar las cosas como están.

La indemnización rondaría los 1.000 millones de euros
Entre las más de 40 demandas formuladas que aparecen en las respuestas espontáneas de los entrevistados no hay ninguna referencia al suministro de agua. El sondeo de Agbar se ha hecho en pleno debate sobre la municipalización del servicio que quiere impulsar el gobierno de Ada Colau. Hace poco, la compañía cifró en unos 1.000 millones de euros la cantidad que el Consistorio debería pagar en indemnización si se produjera esa municipalización, 470 millones por activos y más de 500 por lucro cesante.

Vivir sin agua a la orilla de un embalse por culpa del aceite de palma

“El aceite de palma va secando los pozos, una sola palma necesita diez litros de agua diarios”, lamenta Leiver Loré para explicar el motivo de su lucha. El joven vive en Palo Atico, una vereda de Marialabaja, en el Caribe Colombiano, donde no hay agua corriente ni acceso a agua potable pese a estar a escasos metros del embalse de Playón.

Colombia es uno de los países con más recursos hídricos del planeta, multiplicando por seis la oferta mundial, según el último Estudio Nacional del Agua realizado en 2010. Pese a la abundancia de aguas subterráneas y superficiales, hay zonas del país que tienen muy difícil el acceso al agua, o aquella que tienen cerca está contaminada. En el caso de Marialabaja, el proceso que ha llevado a esta situación tiene varios responsables.

“El campesinado está aislado del distrito de riego aún teniendo el líquido preciado muy cerca, en las narices. ¿Cómo es posible que una mata prevalezca sobre la vida de un ser humano? Es ilógico”, se pregunta Loré, un joven miembro del Comité de acceso al agua potable de Palo Altico, en Maríalabaja, uno de los 16 municipios que integran los Montes de María.

A finales de los 90, cuando el conflicto armado se instaló en el Caribe colombiano, la palma llegó a los Montes de María y, con ella, los problemas medioambientales y la escasez y contaminación del agua.

La zona posee un sistema de riego construido en los años 60 en el marco de una reforma agraria que cambió el modelo de producción de los campesinos de la zona. Este distrito de riego está formado por tres embalses -Playón, Matuya y la Piscina- que surten de agua a Marialabaja y otros dos municipios a través de una serie de canales.

Para la construcción del sistema, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA), hoy extinto, compró un gran territorio que incluía un pueblo entero, Palo Alto Hicotea, cuyos habitantes fueron desplazados a otro asentamiento que hoy se conoce como Palo Altico.

Yina recuerda que el objetivo de la construcción del distrito era “poder facilitar el establecimiento de ciertos cultivos tecnificados en esa zona, como el de arroz y algo de plátano”. Sin embargo, la apertura económica que experimentó Colombia a finales de los años 80 provocó la quiebra de los arroceros de la zona, que no pudieron competir contra el arroz que llegaba de fuera del país.

“Si la quiebra del cultivo del arroz no supuso un desplazamiento, la incursión de los grupos armados sí hizo que la gente empezara a salir y a vender sus tierras”, cuenta Yina. Estas ventas, a un precio muy inferior del valor real de los predios, supusieron el cambio de uso del suelo y la llegada de los cultivos de aceite de palma.

La palma llega a la orilla de los embalses

La palma se extiende por todo Marialabaja, incluso a la orilla de los embalses, violando las zonas de conservación que, por ley, se han de mantener alrededor de los cuerpos de agua. Teóricamente, estas tierras, de propiedad estatal, solo pueden ser trabajadas por campesinos y campesinas del sector sin tierra, no por foráneos.

Según recalca Yina, “no se puede realizar cualquier actividad agrícola o pecuaria. Se pueden establecer cultivos transitorios y que no demanden uso de agroquímicos porque eso termina dentro del agua”. Sin embargo, Irina Alejandra Junieles, del Centro de Estudios Jurídicos DeJusticia, afirma que “como se tratan de cuerpos de agua artificiales y no naturales, no hay claridad si esa ley se aplica a estos embalses” y es a eso a lo que se agarran las autoridades.

Leiver y sus compañeros cuentan que, antes de la construcción del distrito de riego y la llegada del conflicto, la situación era la misma, “no teníamos agua potable, pero el agua que se sacaba de los pozos era un agua limpia y se podía tomar sin miedo”. “Los pozos que quedan posiblemente estén contaminados por los agroquímicos, pero no tenemos otra opción”, añade Leonardo, también miembro del comité.

El problema de esta zona no es tanto la escasez de agua, sino las condiciones en las que se encuentra y a qué cultivos va destinada. La gestión del distrito de riego la lleva una asociación de usuarios llamada Usomaríalabaja, cuyo presidente es Carlos Murgas, empresario palmero y ex ministro de agricultura con Andrés Pastrana.

Yina afirma que Usomarialabaja “destina el agua para los cultivos de palma” y que “hay otros pequeños productores que se están viendo afectados, además de la gente que toma el agua para el consumo, que es la principal afectación”.

Muerte de peces y enfermedades

Además de este reparto desigual del agua, las comunidades se quejan de lo contaminada que está como consecuencia de los agroquímicos que se utilizan en el cultivo de palma y que se filtran tanto a los pozos como a los embalses, por la cercanía de las plantaciones.

En los dos últimos años se han registrado grandes niveles de mortalidad de los peces, aunque la única explicación otorgada desde las autoridades ambientales es que, debido a la sequía provocada por el fenómeno El Niño, había escasez de oxígeno, lo que provocó la muerte de los peces.

Sin embargo, las comunidades no están conformes con esa respuesta. Irina coincide con las comunidades en que debe haber otra explicación. Señala que es posible que hubiera falta de oxígeno, pero afirma que “es claro que el distrito se está, en términos de lo que dice la comunidad, muriendo”.

Yina, por su parte, apunta que no sólo son los peces los que han sufrido las consecuencias de la contaminación del agua. Hay que tener en cuenta que las comunidades de alrededor de los embalses usan su agua de forma doméstica, desde la higiene personal hasta la limpieza de alimentos y su ingesta, además de comer los peces que pescan.

En la Defensoría del Pueblo se han recibido denuncias “por enfermedades cutáneas, infecciones vaginales y gastrointestinales, que están directamente relacionadas con el embalse de Playón”.

Sin embargo, afirma, “la Secretaría de Salud dice que no puede determinar que sea por el agua del embalse, pero la gente no se provee de otro agua, porque ese es el agua que tiene, y tampoco se ha establecido ninguna otra causa”.

En el año 2010 varios niños murieron a causa de enfermedades diarreicas agudas. Nunca se confirmó si era consecuencia del uso y consumo de agua, pero la alcaldía de Maríalabaja fue obligada a instalar un servicio de agua corriente en su pueblo, cosa que a día de hoy no ha cumplido.

Compromisos incumplidos

El año pasado, la comunidad de San José de Playón, corregimiento al que pertenece Paloaltico, y que está situado al borde de uno de los embalses, llegó a una serie de acuerdos con la alcaldía de Maríalabaja, Gobernación, autoridades ambientales y Usomaríalabaja. Entre los compromisos se encontraban, además de garantizar el acceso al agua, realizar una batimetría para conocer la capacidad del embalse y asegurar el mantenimiento y conservación de los ecosistemas del distrito.

Debido al incumplimiento por parte de las autoridades de esos compromisos, la comunidad decidió cerrar, el pasado mes de marzo, las compuertas de la presa para impedir que el agua fluyera a los canales que abastecen las plantaciones de palma. La protesta se solucionó tras la militarización de la zona por parte del Estado y la compra de una motobomba para que impulse el agua-procedente del embalse- hacia el precario sistema de agua corriente del pueblo.

Para Irina, este tipo de soluciones no son más que “paños calientes”. Aboga por que, en el marco del acuerdo de paz, que incluye una reforma rural integral, “haya formalización de los predios para la gente y un acompañamiento rural para una transformación del campo que se aplique en zonas como esta”.

En Paloaltico, por su parte, en lo que se refiere estrictamente al agua, creen que la solución viene en “tres etapas”. “Habría que hacer un estudio técnico para ver qué grado de contaminación tiene el agua, cómo habría que descontaminarla para poder beberla, y después ver cómo se puede implementar el acueducto para garantizar el acceso a agua potable a todas las comunidades”.