¿De quién es el agua?. Aunque Colombia se ufana de tener grandes recursos, la realidad es que cada vez tiene menos agua.

Es de todos y es de nadie.

De hecho, esta ambigüedad la hace aún más vulnerable.

Aunque Colombia es un país que se ufana de tener grandes reservas y de ser uno de los más biodiversos, “sus recursos naturales no son renovables sino limitados; hasta para la misma naturaleza el recurso es restringido”, dice Ricardo Lozano, exdirector del Ideam y consultor ambiental.

La más reciente crisis de sequía que vivió el país, hace seis meses, en regiones como Casanare o La Guajira parece demostrarlo.

Según el Ministerio del Medio Ambiente, “actualmente más de 400 municipios en Colombia, de los 1.120 que hay en todo el territorio nacional, tienen vulnerabilidad hídrica en época de bajas lluvias”. De acuerdo con datos del Ideam, actualmente Colombia tiene 2.265 kilómetros cúbicos de agua superficial; de estos, el 21 por ciento está en las regiones Andina y Caribe: de este porcentaje el 13 por ciento está en la cuenca Magdalena-Cauca y el 8 por ciento en la cuenca Caribe.

“Lo preocupante”, dice Ómar Franco, acual director del Ideam, es que “esas dos regiones concentran el 74 por ciento de la población colombiana y la mayor producción industrial, lo que quiere decir que el mayor gasto, la mayor presión y necesidad del recurso hídrico se concentran en esa región”.

La Amazonia, en cambio, concentra el 39 por ciento de la disponibilidad de agua del país, pero solo alberga el 2 por ciento de la población; paradójicamente, la mayor parte de esta no tiene acceso a agua potable ni saneamiento. Tal como lo determina un dato del Dane, el 56 por ciento de las familias en zonas rurales no tiene acceso a agua potable. Por su parte, la industria consume más de 35 mil millones de metros cúbicos al año.

La Fundación Natura tiene una posición: “la distribución equitativa del recurso es uno de los problemas más graves que tenemos en torno al uso del agua en Colombia. Nos comimos el cuento de que tenemos mucha, pero realmente el problema está en las zonas rurales, en donde tenemos una distribución inequitativa”, dice Clara Ligia Solano.
Por ello, Solano enfatiza, “no se trata de determinar quién es el dueño del agua, sino cómo la distribuimos de forma eficiente y nos hacemos responsables de su protección y uso racional”.

¿Quién y cómo se protege?

Surge entonces el otro interrogante: ¿quién la protege?

La Constitución del 91 habla de la obligación de preservar los recursos naturales, y delega, en primera instancia, al Estado para protegerlos, pero también al ciudadano, quien tiene un deber frente a su buen uso. Sin embargo, solo hasta el 2010 Colombia diseñó la Política Hídrica Nacional que organizó el territorio en cinco macrocuencas: Amazonas, Orinoquia, Caribe, Magdalena-Cauca y la Pacífico; 41 zonas hidrográficas y 309 subzonas. Dos años después, en 2012, el Decreto 1640 reglamentó la planificación y el manejo de dichas cuencas y sus acuíferos.

De hecho, solo hasta ese mismo año comenzó el trabajo de la consolidación de información sobre cuánta agua tenemos, dónde está y quién la usa.

El Ministerio del Medio Ambiente sostiene que si bien la normatividad ambiental frente al manejo del agua es robusta y que el país tiene lineamientos claros sobre cuáles son sus objetivos a la hora de gestionar el recurso hídrico, el problema es implementar la normatividad vigente porque la capacidad de seguimiento, monitoreo y control por parte de las autoridades ambientales es limitada. Por ello, señala que la responsabilidad de conservar y hacer un uso sostenible del agua no solo es del Estado, sino de todos los sectores productivos y de los ciudadanos. “No es solo un tema de tener derecho a su uso, sino de la responsabilidad de hacer que ese uso sea racional y eficiente”, afirma Claudia Pineda, directora de gestión ambiental del recurso hídrico del Ministerio de Ambiente.

La normatividad existe, lo contempla la Constitución, hay un marco jurídico, las corporaciones lo deben proteger, pero, en la práctica, ¿cómo controlar que un usuario no ‘pegue’ su manguera al nacimiento y que haga propio su recurso?
Para miles de usuarios el tema es tan simple como esto: ‘si el nacimiento está en mi finca o el agua pasa por esta, el agua es mía’. Otra es la posición de los habitantes de zonas urbanas: “si yo la pago es mía”.

Para el Ministerio del Medio Ambiente el asunto es claro: “aun cuando el río pase por mi finca se debe tramitar el permiso de concesión para poder usarla”, explica Pineda.

Y otra la explicación para entender que el consumo urbano también debe ser medido, pues el hecho de pagar una factura no lo excluye de la responsabilidad de racionalizar su uso. Las medidas para evitarlo ya existen y se traducen en pesos. Ahora bien, son las Corporaciones Autónomas Regionales en las que recae gran parte de la responsabilidad de hacer cumplir la ley, es decir, de crear los Planes de ordenamiento y manejo de cuencas (Pomca) que determinan qué actividades se pueden desarrollar alrededor de la cuenca, en dónde y cómo. Una vez definidos, es esta autoridad la responsable de otorgar los permisos de uso.

Para Asocars, gremio que aglutina a las corporaciones regionales del país: “la principal limitante de las CAR se relaciona con la debilidad en la limitación legal y financiera que le permitan fortalecer sus equipos técnicos, para cubrir en su totalidad y oportunamente todas las solicitudes y seguimiento que requiere el ejercicio de la autoridad ambiental”. El gremio, dijo, está a la espera de que el nuevo ministro asuma el tema.

¿Qué se debe hacer?

Adicionalmente al ‘cuello de botella’ que significa la manera ine-quitativa en que se distribuye el recurso, de la falta de capacidad operativa para protegerla, está la amenaza grave que sufre el país, pues las cuencas se están quedando sin agua.

Esta última es una afirmación de Ricardo Lozano, quien asegura, según su experiencia, “que Colombia, más allá de hablar de cambio climático, debe reflexionar sobre lo que está pasando con el agua”.

Para el Ideam, actualmente, uno de los problemas más sensibles frente al agua es precisamente la deforestación y la presión permanente sobre los páramos. “La carga contaminante que llega a las cuencas producto de la falta de tratamiento de las aguas residuales es un escenario que se suma y por lo que el país realmente se tiene que preocupar”, admite Ómar Franco. Hasta el 2012, la cifra que manejan las entidades oficiales es de 147 mil hectáreas deforestadas al año en el país, un dato que puede aumentar para el 2014, pues está a punto de salir la nueva estadística. Lo que sí conoció HUELLA SOCIAL, es que esa cifra ha aumentado. En general, para los expertos consultados hay una clara realidad: el agua no desaparece, se debe proteger, distribuir, tratar y no malgastar.

CLAUDIA CERÓN CORAL / LIZETH SALAMANCA
HUELLA SOCIAL

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