APPA recurre ante el Supremo el decreto sobre renovables y la orden de la nueva retribución

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha interpuesto ante el Tribunal Supremo sendos recursos contencioso-administrativos contra el Real Decreto 413/2014 y la Orden que establece la nueva retribución para las renovables. La asociación dice que ha tenido que recurrir a la vía judicial después de que Industria haya desoído todas y cada una de las alegaciones que ha realizado. El despacho de abogados Holtrop SLP llevará ambos procedimientos.

El Real Decreto 413/2014 regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos, mientras que la Orden IET/1045/2014 establece los parámetros retributivos de las “Instalaciones Tipo” aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de dichas fuentes.

APPA indica que tanto el RD como la Orden y el resto de disposiciones regulatorias llevadas a cabo por el Gobierno en su “mal llamada reforma energética han alterado de forma súbita y unilateral el marco retributivo, que determinó el modelo financiero y de negocio en base al cual se realizaron las inversiones en los proyectos de energías renovables, en perjuicio directo de los inversores. Ello ha sumido a las empresas del sector renovable en una situación crítica e incontrolable, que pone muchas instalaciones al borde de la ruina cuando no las aboca directamente al cierre”.

La asociación añade que esta reforma mina definitivamente la confianza en la seguridad jurídica de la economía española y está provocando la huida de inversores internacionales, no sólo en el sector energético sino también en otros sectores de potencial atractivo inversor. “Definir políticas públicas basadas en la promoción de tecnologías emergentes, como son las energías renovables, y posteriormente alterar su retribución, al confiscar sorpresivamente sus ingresos vía impuestos, o eliminar sus incentivos reconocidos, no hace sino agravar la inestabilidad regulatoria y la inseguridad jurídica e incrementar el riesgo-país frente al exterior”, asegura APPA.

Este nuevo marco regulatorio, concluye la asociación, “comporta un impacto negativo especialmente grave sobre un sector económico en el que España era líder y que hasta ahora ha favorecido el crecimiento económico y la generación de inversión y empleo”.

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