Agua (de calidad) para todos. «Nuestras tarifas se sitúan en el rango más bajo de Europa y tienen la dispersión geográfica más alta»

A veces conviene hablar de lo importante aunque la actualidad esté acaparada por lo urgente. Es lo que hicimos esta semana en una jornada, organizada por Expansión y patrocinada por Acciona, en torno a un informe presentado por PwC sobre La gestión del agua en España, en el que se plantean algunas propuestas para una profunda reforma del modelo. Aunque el foco se puso en el agua de consumo humano, dejando al margen los problemas de la agricultura o de la industria, si tenemos en cuenta que más de la mitad de la población mundial ya vive en ciudades y que éstas se configuran como motores del desarrollo en la globalización, hasta el punto de que las 100 mayores ciudades del mundo representan el 30% del PIB mundial, resulta evidente que reflexionar sobre los serios problemas planteados por la gestión del agua en los núcleos urbanos es un asunto de la máxima relevancia presente y futura.

Parece necesario, en España, cambiar el paradigma con el que hemos abordado la política del agua. La concepción tradicional ha sido: tenemos agua suficiente, solo que está mal repartida a lo largo del año y de la geografía. Por tanto, hagamos embalses y transvases. El nuevo modelo, sin embargo, considera que el agua es un bien público básico para la vida humana y para la sostenibilidad del ecosistema, existiendo un derecho de acceso universal al agua y al saneamiento, pero es un bien escaso.

De ahí se deduce un mayor hincapié en medidas que fomenten su ahorro, basarse en el precio para incentivar un consumo responsable e impulsar su reutilización (depuración y desalación). Una radiografía de la realidad en España revela una situación manifiestamente mejorable: no cumplimos la legislación comunitaria en materia de depuración; tenemos una creciente obsolescencia de los activos involucrados en el ciclo integral del agua (potabilizadoras, redes de distribución, alcantarillado, etc.); y sin duda, por ello, España es el tercer país de la UE con mayores pérdidas de agua en la red de distribución, a pesar de tener un elevado estrés hídrico.

Una parte importante de los problemas señalados necesitan, para su resolución, de fuertes inversiones. En el informe mencionado se calcula, para el periodo 2014-2021, unas necesidades próximas a los 16.000 millones de euros si se quiere corregir esas deficiencias. Si tenemos en cuenta la trayectoria histórica, los recortes recientes y el contexto permanente de austeridad, es imposible confiar en que dicha cantidad pueda aportarse desde los presupuestos públicos. Por tanto, resulta imprescindible dar entrada a la inversión privada si queremos que haya agua, de calidad, suficiente para todos.

La colaboración público-privada en el ámbito de la gestión del agua no es una novedad en España. Sin menoscabo de la titularidad pública, en los últimos años ha crecido el número de personas que reciben los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua a través de algún esquema de colaboración así, en una realidad compleja donde la normalidad ha sido la regla y los conflictos, la excepción. Pero las necesidades a abordar en los próximos años son de tal calibre que hace falta una profunda reforma en el modelo de gestión del agua. Una de esas reformas estructurales que, a pesar de no estar urgidas por la Troika, no dejan de ser de la más alta trascendencia para nuestro futuro, sobre todo si tenemos en cuenta el impacto económico del agua en sectores como la energía, la industria, el turismo o la agricultura.

Tenemos un problema con el precio. Ya sé que aquí se puede aplicar el dicho de que sólo un necio confunde valor y precio, pero necesitamos que, en promedio, lo pagado se aproxime un poco más al valor de un bien escaso para evitar aquello otro de que no se valora ni cuida lo que es gratis o casi gratis: nuestras tarifas de agua no sólo se sitúan en el rango bajo de las europeas (1,60 euros por metro cúbico frente a 3), sino que, además, presentan una elevada dispersión geográfica (550%), la más alta de Europa.

En muchos casos, la tarifa es tan baja que no se cumple con el principio de recuperación de costes sancionado por la Directiva Marco del Agua, y eso explica nuestra deficiente situación actual. Según la OCDE, España es el único país desarrollado donde el precio del agua no permite, en promedio, cubrir los costes de saneamiento y distribución. Este precio tan bajo, con una elevada dispersión territorial, con evoluciones temporales inciertas, no se explica por garantizar el acceso a los menos pudientes, sino por razones de diseño institucional deficiente: quien adopta las decisiones no tiene capacidad de resistir la presión ciudadana. Por ello, crear una metodología común y obligatoria para el cálculo y evolución de las tarifas del agua para asegurar, al menos, que cubran los costes, sería un importante paso adelante que, además, fortalecería la maltrecha unidad de mercado.

Tenemos otro problema serio con la dispersión normativa, el solapamiento entre instituciones y la escasa transparencia con que se adoptan decisiones. Crear un nuevo marco regulatorio estable, predecible y homogéneo, supervisado por una autoridad independiente como ocurre en otros sectores regulados (energía, Bolsa…) sería fundamental, acompañado de una adecuación de la legislación de contratos del Estado para facilitar la colaboración privada, con su debida supervisión.

Podríamos decir que el actual marco regulatorio es incompatible con la sostenibilidad económica de un elenco de situaciones tan elevado como el que tenemos: inversiones públicas se entremezclan con inversiones privadas, existe gestión directamente municipal pero también hay casos de gestión empresarial y, dentro de ésta, pública, privada o mixta. Sobre todo si proyectamos hacia el futuro, ya que parece razonable suponer que la gestión sostenible del ciclo integral del agua requerirá un mayor enfoque empresarial y, concretamente, una mayor participación privada, tanto en financiación como en gestión integral.

El ministro Arias Cañete señaló en su intervención en la jornada su voluntad de impulsar un Pacto del Agua. Lo comparto. Ahí tiene algunas propuestas para empezar a trabajar. Es importante y, además, empieza a ser urgente.

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