El número de delitos de fraude fiscal en Extremadura asciende a 76 desde el año 2007

El número de casos de fraude fiscal que han sido instruidos por la Fiscalía en Extremadura desde 2007, año en el que se creó la unidad de delitos económicos en la comunidad autónoma, ha sido de 76, de los cuales, cinco fueron por contrabando y ocho por el cobro fraudulento de subvenciones.
El fiscal José Luis Alonso, coordinador del área de delitos económicos adscrita a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), ha ofrecido estos datos en su comparecencia en la Comisión no Permanente de Estudio sobre el Fraude Fiscal del Parlamento de Extremadura.
Cabe destacar que este tipo de delitos “no está al alcance” de la inmensa mayoría de los ciudadanos, puesto que solo tienen esta consideración las actuaciones en las que las cantidades defraudadas superan los 120.000 euros. De hecho, Alonso ha señalado que “el 20 por ciento del país comete el 70 por ciento del fraude”.
En su intervención, ha expuesto el trabajo al que se enfrenta esta unidad y ha reclamado un incremento en los medios de lucha contra el fraude para hacer frente a esta actividad delictiva a la que actualmente se enfrentan en Extremadura cuatro fiscales (3 en Badajoz y 1 en Cáceres), que además no tienen competencias exclusivas en esta materia.
Una de las propuestas ofrecidas pasa por incrementar la pena mínima para los condenados por fraude fiscal, que actualmente está en un año, para evitar la sensación de “impunidad” de los defraudadores, que al ser condenados a menos de dos años, en raras ocasiones cumplen la pena de cárcel.
Asimismo, el fiscal general del TSJEx, Aurelio Blanco, que también ha comparecido, se ha mostrado a favor de que los beneficios penitenciarios de los condenados estén supeditados al pago de la cuantía total defraudada. “La ciudadanía al final lo que ve es que no se cobra nada”, ha apuntado.
El fiscal general ha reclamado asimismo una delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Extremadura, que coordinase la lucha contra el fraude fiscal, dado que hay estudios que apuntan a una relación directa entre el fraude fiscal y la corrupción.
En la misma línea, el fiscal coordinador del área de delitos económicos, ha reclamado el desarrollo de los equipos de investigación que en estos momentos está estudiando la Fiscalía General del Estado, en las que estará unificada la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción.
Asimismo, ha solicitado más fiscales “con dedicación casi exclusiva” a esta materia, y en este sentido ha prometido que serán “muy rentables”; una adscripción directa de “al menos un inspector de Hacienda” liberado de otros trabajos en la Agencia Tributaria.
Alonso ha solicitado asimismo el apoyo de interventores de la Administración General del Estado, que asesore a la Fiscalía en materia de contabilidad y análisis de cuentas porque, según ha recordado, los fiscales son juristas.
Entre otras de las propuestas ofrecidas por el coordinador de la unidad de delitos económicos a los representantes del Parlamento extremeño, está la necesidad de realizar una labor educativa y pedagógica sobre el asunto a la población, y considera oportuno que se deberían hacer campañas dirigidas a los ciudadanos desde que son niños.
Otras propuestas pasan la creación una policía fiscal, ampliar los mecanismos de control con Europa, la coordinación entre administraciones para compartir información sobre los procesados, la creación de juzgados especializados (no necesariamente exclusivos pero que al menos que los casos de fraude fiscal sean siempre instruidos por los mismos jueces), y la creación de oficinas antifraudes.
Deslocalizaciones
Alonso se ha referido a otras medidas que contribuiría, a su juicio, a mejorar la lucha contra el fraude fiscal, como son la simplificación de los sistemas tributarios, es decir, que “el pago sea más fácil”, la presencia de más inspectores, la unificación de una política fiscal en el conjunto de la Unión Europea, y el cierre de los paraísos fiscales. En este sentido, ha señalado que bastaría la aprobación de una ley que impidiera a la contratación de empresas radicadas en paraísos fiscales.
Por otro lado, ha apuntado también hacia la deslocalización de las empresas como otro de los caballos de batalla de la lucha contra el fraude fiscal. Así, se ha referido a aquellas empresas que se posicionan en un lugar en busca de beneficios fiscales y que cuando éstas se acaban comienzan a tributar en otros lugares.
Economía sumergida
El fiscal especializado en delitos económicos se ha referido asimismo a estudios que apuntan que la bolsa de economía sumergida en España se sitúa en el 20 por ciento del PIB, lo que supone el doble de la registrada en los países más ricos de la UE, y que el caso de Extremadura, aunque no existen datos concretos, se encuentra en una situación similar.
También ha hecho hincapié en la “enorme relación” entre la existencia de fraude fiscal y corrupción. “Donde hay más fraude fiscal hay más corrupción”, ha señalado Alonso, de ahí la reclamación de equipos especializadas en la lucha conjunta contra ambas realidades.
Finalmente, ha señalado que los mismos estudios “rompen con el mito” de que la economía sumergida es mayor en aquellos lugares donde mayor es la presión fiscal.
Grupos parlamentarios
El portavoz del Grupo Popular en la comisión, José Ángel Juliá, ha hecho hincapié en la necesidad de poner en marcha políticas educativas y ha mostrado su preocupación por los datos que indican la “justificación” que la ciudadanía hace en determinados casos de fraude fiscal, así como sobre la sensación de “impunidad fiscal” que existe entre la población, recoge Europa Press.
El diputado ‘popular’ ha destacado por otra parte el convenio suscrito por el Gobierno de Extremadura con el Ejecutivo central que ha permitido aflorar una “gran masa” de fraude laboral.
Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Jorge Amado ha recordado la propuesta del secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con respecto a la elaboración de una ley autonómica de lucha contra el fraude.
Sobre esta propuesta, el fiscal del área de delitos económicos ha señalado que sería una medida “positiva”, pero siempre dentro de un “marco de correlación” con la legislación del conjunto del país.
Asimismo, Amado ha señalado que el sistema fiscal en España presenta “bastantes agujeros”, en referencia a la cantidad de exenciones y bonificaciones existentes, que provocan “un auténtico caos” que beneficia al fraude fiscal.
El diputado de IU-Verdes Víctor Casco, se ha mostrado de acuerdo con las observaciones del fiscal y ha resaltado la conclusión que desmiente la idea generalizada de que hay más fraude cuando la presión fiscal es mayor, así como la correlación entre este tipo de delitos y la corrupción.
Finalmente, la diputada de PREx-CREx, Fernanda Ávila, ha abogado por realizar campañas de concienciación ciudadana, y en este sentido ha resaltado que el fraude repercute negativamente en los ingresos de las administraciones, que posteriormente se traducen en “recortes” en los servicios que estas prestan a la ciudadanía.

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