La crisis también corta el agua

“Muchas familias no tienen acceso a una necesidad vital como es una vivienda digna, pero tampoco al agua, el gas y la luz”. Esta frase no se refiere a ningún país en desarrollo, sino a España. La Aliança contra la Pobresa Energètica, que agrupa a diversos colectivos sociales de Cataluña, hacía esta afirmación recientemente en la presentación de un modelo de moción municipal a aprobar por los Ayuntamientos para garantizar el suministro del agua, entre otros servicios, a personas que no pueden pagarlo.
Según la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), actualmente se tramitan 500.000 avisos de cortes de suministro de agua anuales por impago, un 30% más que hace cuatro años. De ellos, se ejecutaron 300.000. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que en un 20% de los hogares españoles existen dificultades para pagar los recibos del agua.
Disponibilidad de mínimos de agua potable, condonación de las deudas y que como principio de precaución no se produzca ningún corte sin poder demostrar que en el hogar hay capacidad económica para hacer frente al recibo básico es lo que exigen desde la Aliança contra la Pobresa Energètica. Fernando Morcillo, director de la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (AEAS), que agrupa a los principales operadores, afirma no haber detectado tantas incidencias como se denuncian: “En cualquier caso, los servicios de aguas cuentan con elementos de acción social para tratar estos temas mediante la reducción de la cuota, y existe un procedimiento reglado con advertencias y plazos de regularización antes de llegar a un corte que decide siempre la Administración local, no el operador”.
Para demandar y asegurar el suministro de agua y el saneamiento como servicios públicos esenciales para todas las personas se presentó a mediados de febrero en el Parlamento Europeo una iniciativa ciudadana, Right2Water, respaldada por 1.900.000 firmas.
Hace unos días, la Comisión Europea respondió a la iniciativa publicando una comunicación en la que se compromete a implantar una serie de medidas e invita a los Estados miembros a que “redoblen sus esfuerzos para garantizar el suministro universal de agua sana, limpia y asequible”.

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