El saneamiento no es un problema menor.

Conseguir llevar agua a cualquier rincón del planeta puede convertirse en un esfuerzo inútil si los desechos que generan sus habitantes la contaminan. “Si se llevan 100.000 litros a una población, deben de salir después por algún lado”, ejemplifica Marco Antonio Fortín, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados de Ecuador, país, como la mayoría de los de su región, que trabaja para tratar las aguas negras que se generan sobre todo en las zonas rurales creando problemas de salud para sus poblaciones. En ocasiones, fatales.

El problema del saneamiento es doble: por un lado requiere de infraestructuras más complejas; por otro, las inversiones son menos visibles, según Aziza Akhmouch, directora del programa de Gobernanza del Agua de la OCDE: “Cuando un político, un alcalde, por ejemplo, lleva agua potable a una población donde no la había, el reconocimiento es inmediato y el rédito, también. El saneamiento es una segunda etapa más complicada de implementar pero que tiene un gran impacto, ya que su ausencia contamina los acuíferos y también repercute en la salud de las comunidades”. Akhmouch no es tan optimista como Robles Orozco con respecto a conseguir agua salubre universal en 15 años. “El reto debe ser ambicioso, porque aunque haya regiones del planeta donde no se pueda conseguir, en muchas otras seguramente sí, y será un incentivo para todas ellas. Pero debemos tener en cuenta que las zonas que no gozan hoy de suministro son precisamente aquellas donde es más difícil llevarlo”, explica.

Junto a España, otros 56 países han firmado a favor de que el agua sea un objetivo y un total de 94 ya están alineados en esta meta. Esto hace el propio Robles Orozco y la comunidad del agua en general, como se autodenominan los actores que participaron en el foro (ministerios, agencias públicas y privadas, asociaciones, fundaciones y otros organismos que trabajan en este ámbito), sean moderadamente optimistas con respecto a que la ONU lo convierta en uno de los objetivos prioritarios para 2030. Gérard Payen, presidente de AquaFed (la federación de operadores privados de agua), es uno de ellos: “Hay muchos objetivos que conseguir y todos son muy importantes: seguir reduciendo la mortalidad infantil, mejorar la salud, reducir la pobreza. Mucho de lo que hay detrás de ellos se soluciona con agua salubre, por eso considero que no debe quedar difuminado dentro de otras metas”.

¿Tiene tanta importancia que sea un objetivo individual? La opinión de esta comunidad del agua es casi unánime. “El acceso al agua es un prerrequisito para todos los indicadores del desarrollo. Y se debe abordar individualizadamente, porque si estás en todos, no estás en ninguno”, insiste Tom Soo, director de la Asociación Internacional de Recursos Hídricos. Menos tajante es Akhmouch, quien explica que para la OCDE, independientemente de cómo se plantee su abordaje, lo fundamental es que todos los países estén al tanto de la importancia que tiene la política hídrica para el progreso. “Tenemos que concienciarlos de que no se puede reducir la pobreza sin agua, que influye en la agricultura, la energía, los movimientos migratorios. Es el centro del desarrollo”, explica. Sea un objetivo prioritario o no, lo que tiene claro la organización es que resulta imprescindible cambiar el modelo con el cual nos relacionamos con el líquido elemento: “Debemos convencer a los usuarios de que hay que pagar por el agua que consumen. Tiene un coste, no puede ser gratuita. Para llegar a ello, es clave involucrar a los usuarios, los gobiernos han de desarrollar comunicación política adecuada”.

En la información de los usuarios y el coste del agua hacen también mucho hincapié Fuad Bated, consejero de la división de Agua de la Unión para el Mediterráneo y Anthi Brouma, del Global Water Partnership, agencias ambas que trabajan principalmente asesorando en asuntos hídricos a los países del norte de África y del sur de Europa. “Los Estados tienen dificultades para encontrar los recursos económicos suficientes para implementar políticas de agua apropiadas. Una de las soluciones es involucrar al sector privado, pero puede ser complicado, porque es necesario un marco regulatorio que funcione bien, cada actor ha de tener muy claro su papel. Esto no quiere decir que promovamos la involucración de las empresas, simplemente proponemos que se analicen los pros y contras, las oportunidades y los retos”, explica Brouma. Su colega añade que la información prestada a los usuarios es crucial: “En la región mediterránea la población demanda que los gobiernos estén incluidos en los procesos. Ellos saben que es financieramente difícil, por lo que probablemente es bueno que haya empresas privadas involucradas”.

Esto no es un canto a la privatización del agua, según sostienen ambos asesores: “Es un método que ha sido usado en muchos lugares del mundo con algunos éxitos y muchos fracasos. Se trata de que cada Estado tome las soluciones más adecuadas gracias a la experiencia de los demás”. En este sentido, la OCDE recuerda que solo el 10% del planeta consume agua privatizada. “Nuestro papel es que los países tomen decisiones informadas. Si privatizan, que lo hagan bien. Por eso ofrecemos un guía con 24 principios que deberían tener en cuenta a la hora de gestionar sus recursos hídricos. No se puede pensar que por privatizar, el Estado se desentiende, es necesario que garantice el suministro y que regule de una forma adecuada”, añade Akhmouch.

Porque la gobernanza casi tan importante como la propia abundancia o escasez del líquido en muchos territorios. En Latinoamérica, sobre todo, los hay con generosas precipitaciones y una acuciante falta de acceso. Los ángulos para abordar este tipo de problemas son muchos. Las infraestructuras resultan importantes, pero como subrayan los expertos consultados en el foro, no suficientes. En España hay un ejemplo muy claro: las desaladoras financiadas con presupuestos comunitarios por unos 1.500 millones de euros funcionan a menos del 20% de su capacidad. La planificación adecuada para los recursos, el empoderamiento de las comunidades donde se toman decisiones o un marco regulatorio adecuado son actuaciones complementarias e igualmente necesarias para solucionar los problemas de falta de acceso al agua.

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