El doble canon del Guadalquivir y la tarifa eléctrica lastran al regadío

Los regantes andaluces están soportando por partida doble el incremento de la presión fiscal. Al aumento de la tarifa eléctrica anunciada por el Gobierno hay que añadir el doble canon que pagan los usuarios de la cuenca del Guadalquivir, el de regulación general y el de la Breña II y Arenoso. Un aumento impositivo que ha llevado a las comunidades de regantes y organizaciones agrarias a planear próximas movilizaciones por subidas que, en algunos casos, van hasta el 150% y que, según dicen, están mermando la rentabilidad del regadío andaluz.

Feragua, la principal asociación de regantes, considera “abusivo” el canon de algo más de 18 euros por hectárea impuesto para cofinanciar las presas de Breña II y Arenoso, un canon que se une al de 61 euros por hectárea para los usuarios del sistema de regulación general. “La subida podría aliviarse enormemente si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se encargara directamente de la gestión de estos embalses en vez de la abusiva gestión de la sociedad estatal Acuaes”, indica Pedro Parias, gerente de Feragua, organización que ha recurrido en los tribunales el canon de la Breña II y Arenoso. Desde el Ministerio de Agricultura, no obstante, se ha mostrado la intención de valorar a mediados de este año el cambio de gestión de dichos embalses desde Acuaes a la Confederación Hidrográfica.

Este doble canon en el Guadalquivir se une a la subida del 20% de la tarifa eléctrica aprobada por el Gobierno en el mes de agosto del año pasado. “Una subida que llueve sobre mojado, porque en los últimos siete años el regadío ha visto cómo se duplicaba la factura eléctrica”, se indica desde Feragua.

En la misma línea se pronuncian UPA y COAG, que estiman en 165 millones el coste eléctrico para el regadío andaluz. Las últimas modificaciones introducidas en la normativa en el pasado mes de agosto incrementan el precio del término de potencia en más de un 150% para las tarifas de acceso en baja tensión y entre un 115% y un 125% para las de alta tensión.

Pero los agricultores advierten que el término de potencia supone entre un 25% y un 40% del total de la factura durante la campaña de riego, porcentaje que se dispara durante el resto de meses del año. “Hay que tener en cuenta que se riega solo cinco meses y que, sin embargo, los regantes pagan el término de potencia durante todo el año, lo que representa un considerable perjuicio económico y un auténtico agravio”, señala Agustín Rodríguez, secretario regional de UPA.

El regadío representa el 60% de la Producción Final Agraria en Andalucía, así como el 70% del empleo generado. También la agroindustria puede pagar este año unos 155 millones en la factura eléctrica, lo que supone un incremento del 71% con respecto a 2008 (antes de la liberalización del mercado). En este sentido, también se da la circunstancia de que las cooperativas y almazaras funcionan durante cuatro meses y, sin embargo, pagan todo el año en término de potencia, incrementando sustancialmente sus costes reales.

“Estas subidas abusivas se están comiendo todo el beneficio del sector agrario”, advierte Agustín Rodríguez, que avanza próximas protestas de las organizaciones UPA, COAG y la federación de regantes Areda. El dirigente de la UPA culpa a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de agravar esta situación “eternizando” los procesos de regulación de nuevos regadíos, y pone como ejemplo expedientes de nuevas concesiones que no se han concluido en la provincia de Jaén más de 20 años después.

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