Falta de regulación y de transparencia administrativa

Los expertos critican que uno de los grandes problemas de la privatización de servicios públicos es la ausencia de regulación, de transparencia administrativa y de concesiones. “La falta de regulación favorece la corrupción, como ha pasado en Huelva, con adjudicaciones poco competitivas, pliegos de condiciones no muy claros o hechos a medida”, dice el investigador del Instituto del Agua de Granada Miguel Ángel García-Rubio, quien recuerda que en el Reino Unido el agua se privatizó en 1989. “Supuso un empeoramiento del servicio y mejoró a partir de 1995, cuando se creó un organismo regulador, que es lo que falta aquí en España”, aclara. “Los Ayuntamientos utilizan el canon que les paga la concesionaria para otros fines que no tienen que ver con la gestión del agua, cuando debería revertir en una mejora de ese servicio, pero no sucede así porque el proceso de privatización no está regulado”, afirma el investigador.

“Los Consistorios hacen verdaderas chapuzas en los concursos para privatizar servicios y en los contratos de concesión, porque lo que les interesa es conseguir el dinero rápido de esa adjudicación”, dice José Luis Zafra, que es profesor del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Por eso no es de extrañar que muchos concursos, tras quedarse desiertos en primeras o incluso segundas convocatorias, como ha pasado con el agua en Jerez y el cementerio en Granada, luego sean adjudicados tras rebajarse las condiciones e impugnados o denunciados después por la falta de transparencia y las sospechas sobre la legalidad de la operación. “Ha habido casos de contratos de concesión de servicios que plasmaban condiciones ilegales, como fijar un salario por hora inferior al fijado por el convenio colectivo de ese sector”, cuenta Zafra.

En el caso de la venta del 49% de Emucesa, la empresa pública del cementerio de Granada, Izquierda Unida asegura que la sociedad adjudicataria, Inversiones Reunidas del Norte “no reunía las condiciones ni de solvencia ni de objeto social” cuando finalizó el plazo de presentación de ofertas, y que “solo después de reunirse la mesa de contratación las modificó”, dice su portavoz, Francisco Puentedura. “El Ayuntamiento ha buscado una empresa que se ha creado ad hoc para este contrato intentando hacerla cuadrar a martillazos en las condiciones que establece la Ley de Contratos del Sector Público”, afirma Puentedura.

Para el investigador Miguel Ángel García-Rubio, “es saludable” que hayan surgido en los últimos tiempos plataformas y movimientos ciudadanos contra estos procesos de privatización, especialmente en el agua, el bien público por antonomasia. “Al menos, así se podrá conseguir que estos procesos sean transparentes”, considera.

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