La guerra del agua estalla en Rascafría

Vecinos que se niegan a pagar la factura de agua, hojas en los negocios para recoger firmas o panfletos con recomendaciones como no firmar ningún contrato individual con el Canal, evidencian el malestar general que padece Rascafría, en pleno valle del Lozoya. Una gran parte de sus ciudadanos se ha movilizado contra el convenio firmado entre el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, y el Canal de Isabel II Gestión en junio de 2012 por el que el pueblo ha traspasado a la empresa pública la distribución, depuración y alcantarillado por 50 años. El municipio mantiene la aducción o toma de agua (un 40% del total de la factura) y recibe una participación del 0,000612 del capital de la sociedad.

En Rascafría el agua era casi gratis. Hasta ahora. Los grifos del pueblo serrano se alimentan directamente del río Lozoya y para el esfuerzo veraniego —sus 1.890 habitantes se multiplican por tres— se toma agua de varios manantiales. Los vecinos pagaban una tasa fija anual independientemente del consumo. Una vivienda abonaba 45 euros, cantidad que se incrementaba para el que tuviera parcela en 0,30 céntimos por metro cuadrado y llegaba a los 200 en caso de tener piscina. Para los comercios la cantidad era de unos 250 euros.

Pero, al tiempo, el consumo era disparatado. Según los cálculos municipales, un vecino de Rascafría utiliza de media 1.000 litros de agua al día, mientras que en España la media es de 160 litros.

Había que poner freno a este dispendio. Algo en lo que coinciden equipo de Gobierno y vecinos. Era necesario proveer a cada casa de un contador. La alcaldesa, Ana García Masedo, celebró una consulta en la que participó un tercio de los vecinos. Finalmente, los residentes eligieron que el Canal gestionase el agua y no el Ayuntamiento o una empresa privada. Pero ahora los vecinos afirman que las preguntas estaban redactadas de “forma liosa” y mal explicadas. El descontento estalló cuando recibieron las primeras facturas (mayo de 2013). Los vecinos sostienen que “no hay argumentos ni económicos, ni técnicos, ni sociales que justifiquen este acuerdo”.

Los abonados vieron como el coste del agua se multiplicaba por tres, por cuatro y en algunos casos por siete con respecto a lo que abonaban antes. Según los cálculos de la plataforma ciudadana que se ha formado para reivindicar que el municipio continúe con la gestión del agua, los 45 euros que pagaba una vivienda con cuatro personas se han transformado en 138; los 260 de un comercio en 1.800 euros; y los 270 de un bloque de cinco inmuebles más un comercio en 1.469.

“Estamos de acuerdo en que no se podía seguir como estábamos”, sostiene un portavoz de la plataforma. “Con lo que discrepamos es con dar la gestión al Canal. ¿Por qué no podíamos seguir haciéndolo nosotros?”, se pregunta. A su alrededor, otros vecinos asienten. Recuerdan que con este acuerdo se ha perdido el control total de la gestión, y que ya no será el pleno municipal quien fije las tarifas, sino el Canal. La empresa aplica los mismos precios en todos los municipios.

La alcaldesa afirma que el sistema anterior era “insostenible”. “Cada vecino gastaba lo que quería e ineficiente porque no cubríamos gastos, el acuerdo con el Canal es el mejor para el pueblo”. Lo dice al mismo tiempo que recuerda que fue su grupo político el que llevó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la privatización del Canal de Isabel II que este admitió a trámite. Indica también que la empresa instala los contadores sin coste para los vecinos y que en dos años comenzará la renovación de la red de alcantarillado a hierro de fundición, que ahora es de uralita y PVC. “Y nos condonan la deuda por depurar las aguas residuales que el pueblo nunca había pagado”.

Unas razones que no logran convencer a todos los vecinos, que llevan unas 1.000 firmas recogidas para presentar una moción en el pleno de rechazo al convenio. “Nosotros tenemos que ser garantes para que el agua llegue bien a Madrid, tenemos que cuidar el medio, no se puede instalar casi ninguna industria. Nos gustaría pagar lo que cueste llevarla al grifo, pero ya está. Los contadores eran necesarios, porque había abusos, averías ocultas. Lo que queremos es que la alcaldesa denuncie el convenio”, dicen los reclamantes.

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