La ponencia pide blindar el suministro de agua, luz y gas a familias empobrecidas

La dirección del PSOE, que ha ido publicitando durante meses las propuestas que iba incorporando a la ponencia marco de la Conferencia Política, dejó para el día de la inauguración de la cumbre dos que tienen especial impacto en el sector de la población más empobrecido y golpeado por la crisis. Una rebaja de impuestos a las rentas inferiores a 16.000 euros —adelantada este viernes por el PAÍS— y una iniciativa para prohibir por ley que se le pueda cortar el suministro de agua y —en invierno— de luz y gas a las familias que no puedan pagar esos servicios “por estar en situación de pobreza”.

“Ningún ciudadano puede verse privado de estos servicios esenciales. Es necesario aplicar medidas para aquellos casos en los cuales la pobreza deriva a situaciones de exclusión”, explicó el partido en una nota en la que comunicaba que la medida será incluida en la ponencia. Consistiría en crear un “derecho ciudadano al agua y a la energía” que garantice, por un lado, que ningún hogar pueda ser privado de “un mínimo de cobertura de subsistencia” de luz y gas “entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo”; y, por otro, que no se suspenda el suministro de agua a una familia “cuando los recursos familiares no permitan cubrir su pago, hasta tanto se tramiten las posibles ayudas sociales”.

Es la última propuesta de una ponencia que contiene muchas más y a la que podrán incorporarse otras entre hoy y mañana, porque se han presentado 12.600 enmiendas. En la conferencia participan 750 miembros del PSOE y 250 representantes de colectivos sociales, que tienen voz y voto. Estas son algunas de las propuestas ya anunciadas en estos meses:

» Cambios en la Constitución. La reforma constitucional más importante —la del modelo territorial para reconocer una “singularidad” a Cataluña— no está en la ponencia porque no va a someterse a debate en la conferencia. Pero a esa, que fue la inicial, se han ido añadiendo muchas más en estos meses. Entre otras: reconocer en la Constitución la sanidad pública como derecho; crear un “fondo de garantía del Estado del bienestar” que asegure el gasto público —reverso de la reforma exprés que el PSOE pactó con el PP en 2011 para poner un corsé al gasto público—; facilitar el voto de inmigrantes en elecciones municipales; introducir “un concepto de familia amplio” en la Ley Fundamental; declarar inconstitucionales las amnistías fiscales o garantizar el “derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad” (sin incluir específicamente el derecho al aborto).

» Reforma fiscal. Los socialistas no plantean cambiar los tipos y tramos del IRPF: ni subirlos ni bajarlos. Pero sí pretenden “ampliar las bases imponibles” y lograr que paguen “quienes ahora no pagan”, unificando en un nuevo “impuesto sobre la riqueza” el de la renta y el de Patrimonio. Solo habría bajada de impuestos para personas con rentas inferiores a 16.000 euros (sean estas trabajadores con hijos, pensionistas o parados). Además, la ponencia defiende recentralizar parcialmente el impuesto de sucesiones y donaciones, hoy autonómico, para que el Estado fije un tipo mínimo inamovible; subir los impuestos a las grandes empresas; imponer una doble tasa a los bancos y a los bonus de sus directivos; y pedir a la Unión Europea la creación de un IVA para bienes y servicios de lujo y el fin de la exención de ese impuesto a colegios y hospitales privados no concertados.

» Ley electoral, cargos públicos. El PSOE no asume un cambio en la ley electoral para hacerla más proporcional —el cambio que piden los partidos más perjudicados, IU y UPyD—, aunque sí modificaciones para acercar a electores y elegidos, como las listas semiabiertas (algo que ya defendió en 2011); también propone endurecer las incompatibilidades de cargos públicos y prohibir por ley las donaciones privadas a los partidos. Entre los cambios para dar una mayor permeabilidad del Parlamento figuran la creación de una comisión de peticiones ciudadanas y medidas para facilitar la presentación de iniciativas legislativas populares.

» Lucha contra la corrupción. La ponencia solo se compromete a “valorar la idoneidad de aquellos imputados en procesos penales” para decidir su inclusión en las listas electorales. Y a “recomendar la dimisión de cargos públicos del partido cuando existan indicios considerables de actuaciones poco éticas o ilegales”; eso se someterá a debate, porque hay decenas de enmiendas que piden prohibir directamente la inclusión de imputados en las listas, informa Europa Press. Muchos militantes reclaman también limitar el aforamiento de parlamentarios en casos de corrupción.

» Laicidad. El PSOE se compromete a pedir —o acometer, si gobierna— la revisión del concordato con la Santa Sede, el marco de relaciones del Estado con la Iglesia católica. Defiende retirar símbolos religiosos de edificios públicos (aunque no en todos los casos) y vuelve a anunciar la ley de libertad religiosa que anunció en 2008 y luego aparcó. La ponencia propone de forma genérica avanzar en la autofinanciación de la Iglesia, explorando fórmulas alternativas a la aportación de la casilla del IRPF.

» Políticas de igualdad. Los socialistas irán a las elecciones con listas cremallera (con igual número de hombres y mujeres en puestos de salida). Y proponen una “ley de igualdad salarial” para someter a las empresas a controles exhaustivos que eviten que puestos laborales idénticos tengan sueldos distintos para hombres y mujeres (algo que ya es ilegal), informa María R. Sahuquillo.

» Cambios en el partido. El PSOE aprobó en el congreso federal de 2012 las primarias abiertas a no militantes —es decir, a todos los ciudadanos interesados— para elegir al próximo candidato electoral, probablemente el cambio orgánico más importante de la historia reciente del partido. En esta conferencia política se debatirá sobre cómo aplicarlas, aunque en principio no se fijará aún reglamento (requisitos para votar, avales, número de vueltas) ni fecha. También se hablará sobre la posibilidad de que los militantes elijan al próximo secretario general (lo que supondría otro cambio radical). La ponencia se muestra favorable a buscar “fórmulas” para incorporar esa novedad, que no está en los estatutos del PSOE. La conferencia política aprobará, por último, un nuevo código ético y nuevas formas de participación, como la “afiliación 2.0”.

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