La Generalitat se enfrenta a una indemnización millonaria por ATLL

Cuando en enero pasado el gabinete jurídico de la Generalitat defendió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anular la privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) a la empresa Acciona supondría indemnizaciones de “difícil o imposible reparación”, sabía lo que decía. Si el Gobierno catalán pierde el litigio que afecta a la mayor privatización hecha en Cataluña, como manda una resolución del Órgano Administrativo de Resoluciones Contractuales de Cataluña (OARCC), los accionistas de Acciona tienen garantizada una indemnización multimillonaria.

En un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Generalitat se compromete a reembolsar los 298 millones de euros que ya fueron abonados en concepto de canon en diciembre de 2012, además de las inversiones que haya efectuado hasta el momento, los costes financieros derivados de la operación —valorada en 998 millones de euros y que se dilata en un periodo de 50 años— y el denominado lucro cesante, los beneficios que le habría generado el negocio. En el primer año, según los datos del expediente de licitación, ATLL prevé ganar 18,9 millones de euros.

Esas garantías están implícitas en la resolución interpretativa firmada por los consejeros Santi Vila y Andreu Mas-Colell y que la Generalitat remitió a los principales accionistas de la concesionaria, la constructora Acciona y el banco brasileño BTG Pactual, como habían solicitado un mes antes, confirmaron fuentes de la Generalitat. La entidad financiera, pese a considerar “remoto” el escenario de una pérdida de la concesión, incluyó en su informe del primer semestre que la Generalitat le había garantizado indemnización por daños y perjuicios y, por tanto, evitó realizar provisiones para anticiparse a eventuales pérdidas en la operación.

egún el informe de BTG Pactual, la operación está valorada en 1.047 millones de euros (una cifra superior a los 998 millones) y se han avanzado 310 millones (por encima de los 298 millones) en concepto del primer pago que reclamó la Generalitat el día del contrato.

Las indemnizaciones que recibirán los accionistas de la concesionaria de ATLL tienen su base en el artículo 55 del pliego de condiciones de la privatización, que recoge algunos supuestos recogidos por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La Generalitat se niega a facilitar la cifra concreta de la indemnización y, como ya han hecho Vila y Mas-Colell, emplazan a cuantificarlas al final del conflicto judicial, que promete acabar ante el Tribunal Supremo. Fuentes de la Generalitat confirmaron ayer que las partidas previstas que se incorporan a las indemnizaciones por daños y perjuicios son las mismas que contempla la Ley de Contratos Públicos, pero evitaron confirmar —ni desmentir— que la cuantía del lucro cesante vaya a ser la de la totalidad de la concesión.

Conocedor de los riesgos económicos de paralizar la concesión, Santi Vila aseguró el pasado mes de agosto en una comparecencia parlamentaria que anular el contrato aprobado por su precedesor en Territorio, Lluís Recoder, sería “una temeridad”.

El pago de la indemnización, en todo caso, será complejo. El documento asegura que si la concesionaria ha constituido algún tipo de fianza sobre los derechos de crédito que tiene ante la Administración, las entidades financieras “recibirían un pago directo y separado sin minorar las cantidades que el cocnesionarias debiera a la Administración”, ya que la Generalitat tendrá que responder ante la fianza.

Pese a la negativa reiterada por el consejero Mas-Colell a que ATLL vuelva a manos públicas, en el documento se deja abierta la puerta a que la Generalitat pueda asumir de nuevo la gestión de la compañía encargada del agua en alta —el que se capta en las cuencas hidrográficas y desaladoras y se lleva hasta los depósitos municipales para su posterior distribución a los hogares—, aunque también hace referencia a la posibilidad de que “un nuevo concesionario” se quede con la privatización.

Ese puesto parece reservado a Agbar, la compañía que pugnó con Acciona para controlar ATLL y la que inició todo el proceso que ha desembocado en el actual galimatías judicial. Cuando supo que perdía el contrato, el grupo que preside Ángel Simón decidió denunciar la oferta de Acciona ante el OARCC. De los diferentes argumentos esgrimidos por la compañía, el órgano de la Generalitat dio por bueno uno: Acciona no cumplía el pliego de condiciones en lo concerniente al calendario de inversiones. La resolución invitaba a anular el concurso y dárselo a Agbar, si bien la Generalitat asegura que si Acciona no cumplía esas inversiones en el plazo previsto, su rival en el concurso tampoco.

La decisión del OARCC, pese a ser ejecutiva, fue recurrida por la Generalitat y así hasta ahora, con recursos y contrarecursos (con la Generalitat, Acciona y Agbar implicados), autos y polémicas incluidas. El Gobierno catalán defiende la adjudicación y ha obviado un auto del TSJC que obligaba a paralizar el contrato. El gabinete jurídico de la Administración catalana ha llevado esa decisión ante el Tribunal Supremo mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avanza en una resolución definitiva para el caso.

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