El observatorio, pendiente del relevo

“El verdadero problema es el uso de los fondos del agua para fines que no están relacionados con el suministro”, afirma el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua, Luis Babiano. Se refiere a las concesiones de la gestión del agua a empresas que, a cambio, entregan unas cantidades millonarias con las que los Ayuntamientos tapan deudas y cubren otros conceptos que nada tienen que ver con el servicio.

Su opinión la comparte el catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua Leandro del Moral, quien en un documento sobre propuestas en política de aguas, propone dotar al observatorio creado en Andalucía el pasado año, de “las funciones de un auténtico regulador de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, eficaz, eficiente y transparente, con criterios e indicadores que permitan la evaluación de los operadores”.

Esta propuesta ha sido insistentemente reclamada por las empresas públicas, quienes defienden que pueden hacerlo igual o mejor que las empresas privadas que, en su opinión, se aprovechan de un “mercado cautivo” a “riesgo cero”.

La composición y las funciones del observatorio al que se refieren se definieron en el decreto 52/2012 de 29 de febrero. La Junta admite que permitirá “disponer de datos objetivos para poder comparar las tarifas de agua y la calidad en la prestación del servicio”. Su puesta en marcha será una de las principales tareas del nuevo consejero, ya que el actual responsable de Medio Ambiente, Luis Planas, ha anunciado su renuncia antes de que la futura presidenta, Susana Díaz, forme el nuevo Gobierno.

El principal objetivo de este organismo, consensuado en el Acuerdo Andaluz por el Agua y reflejado en la ley andaluz, es precisamente incrementar la transparencia en el sector y normalizar los indicadores de calidad y gestión.

Pero la Administración andaluza no cuestiona abiertamente la privatización de la gestión del agua y entiende que es una competencia municipal. No obstante, admite que, cuando “se anticipan de golpe” los cánones concesionales (el dinero que pagan las empresas a los gobierno locales por hacerse con la gestión del agua), los Ayuntamiento limitan sus ingresos futuros y, por lo tanto, su capacidad inversora”. También considera la Junta que la repercusión de ese canon en las facturas debe figurar de forma explícita.

Babiano añade que las concesiones hipotecan el futuro durante periodos que llegan a veces a los 40 años. “Estos plazos no están justificados porque los contratos no incluyen inversiones grandes en la mayoría de los casos y de lo que se trata es de introducir mejoras de mantenimiento. Los plazos no deberían ser superiores a los mandatos de quien privatiza”.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s