Los cortes en el suministro aumentaron un 30% en el último año por el efecto de la crisis y la severa subida de precios derivada de la privatización del servicio. La Comisión Europea reconoce que existe un problema por impagos y pide a España que garantice un suministro mínimo.
Sobre el papel, el agua es en España un «derecho humano» proclamado por Naciones Unidas, pero sobre los grifos de miles de familias de buena parte del territorio nacional, la proclamación se queda sólo en papel mojado. El Gobierno, que con motivo del Día Mundial del Agua reafirmó ayer su compromiso con este derecho, vive de espaldas, en cambio, ante una realidad alarmante en nuestro país: la creciente incapacidad económica para acceder a este recurso vital.
Según los cálculos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), sólo en 2013 se tramitaron en España hasta 500.000 avisos de corte de suministro, de los que 300.000 se hicieron efectivos. Las cifras de Aeopas son estimaciones aproximadas porque en el caso del agua, a diferencia de lo que ocurre con la luz, no se recogen datos oficiales sobre los cortes al no existir un organismo regulador. Son los municipios quienes tienen la competencia sobre el suministro y quienes deciden la política a seguir en el caso de impago.
«Ducharse o beber del grifo no es un derecho en España, es un servicio, cuesta dinero y se puede cortar. Cada mes se tramitan entre 4.000 y 5.000 propuestas de interrupción del suministro en Madrid. Cada día, 19 familias se quedan sin agua en Málaga. Y la misma circunstancia se repite en casi los 8.000 municipios de España», señala Luis Babiano, gerente de Aeopas. «En España hay desahucios hídricos, legales, pero inmorales y clandestinos», denuncia.
La tendencia se ha disparado: la asociación calcula que los cortes por impago en 2013 crecieron un 30% con respecto a la media de los tres años anteriores. Pese a que la crisis es una de las principales causas para este auge, no es la única. Los años de mayor dificultad económica han ido acompañados de un encarecimiento severo del servicio.
Pagar el recibo del agua es, hoy por hoy, un 25,5% de media más caro que hace cinco años, según el último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que además destaca diferencias de precio «injustificadas» de más de 350 euros entre unas ciudades y otras. Otro estudio de Facua-Consumidores fija el precio medio del agua en España en 1,7 euros por metro cúbico, con desfases en las tarifas de hasta un 333%, según las provincias. Por ejemplo, para un consumo de 10 metros cúbicos al mes, en Murcia se estarían pagando 28,67 euros, mientras que en Valladolid el coste se reduciría hasta los 10,53 euros.
Detrás de esta espectacular subida de precios están, principalmente, los procesos privatizadores en la gestión del agua al que cada vez más ayuntamientos se han ido acogiendo como un método fácil y rápido de obtener financiación. El canon concesional millonario que las compañías pagan a los consistorios por hacerse cargo del servicio tiene una consecuencia directa sobre el coste de la tarifa que paga el consumidor.
Aeopas calcula que a finales de 2013, aproximadamente un 57% de la población del país estaba abastecida por sociedades privadas que, como tal, buscan asegurarse un negocio rentable. La Alianza contra la Pobreza Energética denuncia que Agbar, una de las empresas que junto a Aqalia se reparte el 80% negocio del agua en España, obtuvo un beneficio de 432,9 millones de euros en 2011.
Pese a que la propia Comisión Europea ha reconocido hace tan sólo tres días que en España existe un problema derivado del corte del suministro en los hogares por impago y ha reclamado que garantice el abastecimiento mínimo de agua para todos los ciudadanos, el Gobierno ha puesto en marcha varias normativas, como la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, que acelerarán los procesos privatizadores.
Escasez de buenas prácticas
Algunos ayuntamientos, como los de Medina Sidonia (Cádiz), medio centenar de localidades de Huelva y El Prat de Barcelona han aprobado medidas para garantizar el suministro ininterrumpido a las familias que no puedan pagar los recibos. También Sevilla ha implantado modelos para las tarifas en función del número de habitantes de una vivienda, que son aplaudidos por las asociaciones de consumidores. Pero los casos de buenas prácticas para garantizar un mayor acceso al agua escasean en la mayor parte de las localidades españolas.
La Red de Agua Pública, formada por decenas de colectivos, plataformas, sindicatos y mareas por la defensa del recurso y contra la «pobreza hidráulica», que hoy se suman a las Marchas de la Dignidad denuncia además que los procesos privatizadores se realizan de forma «opaca, con procesos plagados de irregularidades, sin aportar información técnica ni consultar a la ciudadanía».
«Marchamos contra el uso mercantil de un bien básico para la vida como es el agua. Marchamos contra las políticas profundamente antidemocráticas de los gobiernos municipales, autonómicos y estatal que convierten nuestros ríos y nuestro agua en un lucrativo negocio dejado en manos de unos pocos», explica la Red.
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